La reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud despierta apetitos voraces que pocos son capaces de ocultar.
Describir en estas líneas los padecimientos asociados a una enfermedad en Colombia es redundancia. Cada uno de nosotros conoce bien el caso de quien por una u otra razón –y las EPS parecen tener siempre la razón- no tuvo un tratamiento eficiente o, como mínimo, digno.
Hospitales privados construidos con dineros públicos y hospitales públicos cerrados o con camas insuficientes; dispensarios oficiales llenos de tamiflu pero IPS carentes de medicamentos son razones de peso para reformar el el sistema de salud.
La reforma, o por lo menos la iniciativa del gobierno Santos por adelantar una, fue el tema del debate dado el miércoles 5 de junio en Hora 20 (puede oír el programa aquí). Allí estuvieron el exministro de Defensa y exembajador en Estados Unidos Gabriel Silva Luján; la excandidata presidencial y exministra de Relaciones Exteriores Noemí Sanín, el abogado y columnista Ramiro Bejarano y el abogado y exministro de Justicia Néstor Humberto Martínez.
Lo interesante del debate, y es en esto en lo que me quiero centrar, estuvo en el marcado interés de Sanín y Martínez en expresar su desconfianza respecto a la posibilidad de que se eliminaran las polémicas EPS y que la administración del sistema pasara a manos del gobierno.
Esa opinión no sería trascendente si quienes la expresaran no se hubieran desempeñado como funcionarios públicos. Claro, no soy tan ingenuo de creer que todos los funcionarios del Estado tienen como fin defenderlo de la depredación impulsada por el dúo Thatcher-Reagan.
Ellos, y muchos de sus seguidores en todo el mundo –aquí podríamos ubicar a Sanín y Martínez– impulsaron la privatización de funciones tan propias del Estado a tal punto que cedieron a empresarios la gestión de las cárceles, la prestación de los servicios públicos y la administración de los sistemas de seguridad social.
Noemí Sanín y Néstor Humerto Martínez señalaron que podríamos volver a la situación previa ley 100, cuando el ISS era en un fortín político y la caja menor de toda clase de pillos que, la verdad, no han sido judicializados por eso. Hay un verbo que han acuñado congresistas para esta situación: “camprecomizar”, refiriéndose a la EPS pública que cayó en manos de un grupo político y que, pese a las denuncias, nunca ha sido intervenida ni sancionada como ocurrió con Saludcoop.
Tienen razón: los 44 billones que mueve al año la salud en Colombia pueden ser una tentación para los políticos de manos largas, pero olvidan con facilidad que la crisis actual del sistema de salud colombiano no se dio por el modelo estatal sino por la avaricia de los empresarios que además de sus EPS construyeron hospitales para que el dinero que recibían por la prestación de servicios se quedara en sus bolsillos. Esos mismos empresarios –que no son todos, la verdad– nunca devolvieron la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de los pacientes que no fueran al médico a lo largo de un año, tal y como les correspondía.
Esos mismos empresarios fueron los que destinaron fondos públicos para la construcción de campos de golf, invirtieron en negocios en México, evadieron impuestos, sobrefacturaron medicamentos por más de 800 mil millones de pesos y, por si fuera poco, se pusieron de acuerdo para negar la prestación de servicios incluidos en el POS (como muestra la imagen, tomada de La Silla Vacía).
Tan lucrativo fue el negocio que una EPS se pudo dar el lujo de establecer un banco a costa de negar sistemáticamente la prestación de servicios de salud a sus afiliados.
Aunque podemos desconfiar de las manos de algunos políticos, no por ello podemos confiar olímpicamente en los empresarios. Pero un sistema que mueve cerca de 44 billones de pesos al año, en el que han aportado juiciosamente los trabajadores y que ha ampliado la afiliación, no es uno del que muchos empresarios –y políticos amiguetes- se quieran desprender.
Comentarios