Un amplio sector del país se imagina el fin del conflicto con los comandantes de las Farc esposados y tras las rejas. Esperan que la guerrilla acepte los innumerables errores que costaron miles de vidas y expulsaron a millones de sus tierras.
Parece que ese sector de la sociedad espera que los 8, 10 o 20 mil guerrilleros y milicianos de las Farc terminen su vida en ya hacinadas cárceles colombianas; que con gesto oprimido acepten sus vínculos con el narcotráfico y asuman de manera exclusiva toda la responsabilidad por el conflicto armado.
En últimas, esperan obtener mediante una negociación lo que ya hemos dicho aquí que no se logró mediante las armas: la militar derrota de la guerrilla, eludiendo así la responsabilidad del Estado y las élites en el origen y persistencia del conflicto.
En Colombia ha sido el Estado uno de los más grandes responsables en el crecimiento y expansión de la guerrilla, los paramilitares y los narcos. Ha sido la falta de instituciones en las alejadas regiones del país la que le han dado alimento a más de 100 años de guerras en el país.
Por ello, del proceso de La Habana no puede resultar un país idéntico al que entró a él, pero sin guerrillas. Millones de colombianos tienen derecho a acceder vivienda, alimentación, servicios públicos, educación de calidad y trabajo digno, y la excusa no puede ser la guerra.
Aunque ese mismo sector de la sociedad que espera de los diálogos de La Habana esté convencida -por efectos de la propaganda- de que los guerrilleros son vándalos, terroristas sin matices, es imprescindible aclarar que las zonas de histórica presencia de los grupos alzados en armas son justamente aquellas donde los índices de desarrollo humano tienen sus números más bajos. Causa y no consecuencia.
Así pues, estamos ante un Estado distante e ineficiente. Muchos de los guerrilleros fueron reclutados cuando eran menores de edad, presionados unos por el hambre y otros por el abuso al interior de sus familias. Así que, ¿dónde había un ICBF impidiendo que se los llevaran? Ya en el monte, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas que lucharan desde el principio contra la amenaza criminal de las guerrillas que derivó en el desplazamiento y homicidio de miles de colombianos?
En aras de la discusión, obviemos la existencia de las guerrillas en Colombia. ¿Dónde están los responsables de la muerte de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado? Es más, mucho antes del origen de las Farc, ¿quién fue efectivamente judicializado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán? ¿Quiénes respondieron ante la justicia por las muertes de los militantes de la Unión Patriótica? ¿Adónde están recluidos los empresarios que pagaron por la conformación de organizaciones paramilitares?
Inclusive, por fuera de los estrados judiciales hay responsabilidades mínimas que nuestro nuestros gobernantes han sido incapaces de resolver. ¿Por qué, en más de tres años, no se ha podido construir el acueducto de Yopal? ¿Por qué tantas personas tienen que recurrir a tutelas con el fin de acceder a servicios de salud?
En uno de los casos más recientes de barbaridades derivadas de la incapacidad del Estado de operar de manera eficiente, cuatro menores fueron asesinados en la vereda El Cóndor, a 45 minutos de Florencia, Caquetá. Según se pudo establecer días después de la masacre, el padre de las víctimas había denunciado ante el Ejército y la Fiscalía amenazas por parte de los presuntos homicidas.
Cuatro niños muertos después, las autoridades le dieron credibilidad a la denuncia; ya no buscaban al responsable de unas amenazas, sino a un asesino. Ese es el Estado que, con acuerdo con las Farc o sin él, hay reformar.
Parece que ese sector de la sociedad espera que los 8, 10 o 20 mil guerrilleros y milicianos de las Farc terminen su vida en ya hacinadas cárceles colombianas; que con gesto oprimido acepten sus vínculos con el narcotráfico y asuman de manera exclusiva toda la responsabilidad por el conflicto armado.
En últimas, esperan obtener mediante una negociación lo que ya hemos dicho aquí que no se logró mediante las armas: la militar derrota de la guerrilla, eludiendo así la responsabilidad del Estado y las élites en el origen y persistencia del conflicto.
En Colombia ha sido el Estado uno de los más grandes responsables en el crecimiento y expansión de la guerrilla, los paramilitares y los narcos. Ha sido la falta de instituciones en las alejadas regiones del país la que le han dado alimento a más de 100 años de guerras en el país.
Por ello, del proceso de La Habana no puede resultar un país idéntico al que entró a él, pero sin guerrillas. Millones de colombianos tienen derecho a acceder vivienda, alimentación, servicios públicos, educación de calidad y trabajo digno, y la excusa no puede ser la guerra.
Aunque ese mismo sector de la sociedad que espera de los diálogos de La Habana esté convencida -por efectos de la propaganda- de que los guerrilleros son vándalos, terroristas sin matices, es imprescindible aclarar que las zonas de histórica presencia de los grupos alzados en armas son justamente aquellas donde los índices de desarrollo humano tienen sus números más bajos. Causa y no consecuencia.
Así pues, estamos ante un Estado distante e ineficiente. Muchos de los guerrilleros fueron reclutados cuando eran menores de edad, presionados unos por el hambre y otros por el abuso al interior de sus familias. Así que, ¿dónde había un ICBF impidiendo que se los llevaran? Ya en el monte, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas que lucharan desde el principio contra la amenaza criminal de las guerrillas que derivó en el desplazamiento y homicidio de miles de colombianos?
En aras de la discusión, obviemos la existencia de las guerrillas en Colombia. ¿Dónde están los responsables de la muerte de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez Hurtado? Es más, mucho antes del origen de las Farc, ¿quién fue efectivamente judicializado por la muerte de Jorge Eliécer Gaitán? ¿Quiénes respondieron ante la justicia por las muertes de los militantes de la Unión Patriótica? ¿Adónde están recluidos los empresarios que pagaron por la conformación de organizaciones paramilitares?
Inclusive, por fuera de los estrados judiciales hay responsabilidades mínimas que nuestro nuestros gobernantes han sido incapaces de resolver. ¿Por qué, en más de tres años, no se ha podido construir el acueducto de Yopal? ¿Por qué tantas personas tienen que recurrir a tutelas con el fin de acceder a servicios de salud?
En uno de los casos más recientes de barbaridades derivadas de la incapacidad del Estado de operar de manera eficiente, cuatro menores fueron asesinados en la vereda El Cóndor, a 45 minutos de Florencia, Caquetá. Según se pudo establecer días después de la masacre, el padre de las víctimas había denunciado ante el Ejército y la Fiscalía amenazas por parte de los presuntos homicidas.
Cuatro niños muertos después, las autoridades le dieron credibilidad a la denuncia; ya no buscaban al responsable de unas amenazas, sino a un asesino. Ese es el Estado que, con acuerdo con las Farc o sin él, hay reformar.
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