El
caso de las aeronaves de la Fuerza Pública caídas en Cesar y Urabá
evidencia una vez más la mala leche del expresidente Álvaro Uribe y
sus seguidores frente al proceso de paz. Una vez más, manipularon,
mintieron, señalaron y no rectificaron cuando la evidencia demostró
que estaban equivocados.
En
ambos accidentes, el uribismo, sin mayor evidencia que la sospecha,
no tardó en señalar que los responsables serían las Farc.
Frente
a la caída del avión de la Fuerza Aérea en Cesar, el senador
Alfredo Rangel —quien
pasó de ser un sesudo analista del conflicto a meteorólogo en un
abrir y cerrar de ojos— indicó que la caída de la aeronave por
motivos climáticos era improbable. Para él, quien también resultó
experto en aeronáutica, que un avión se caiga por congelamiento de
sus alas en medio del calor cesarense es
improbable.
El
comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Bueno,
quizá un poco más versado en materia climatológica que el senador
uribista, tuvo
que explicar que no había evidencia “que pueda determinar que
la aeronave tuvo algún tipo de impacto, de fusil, misil o de ningún
tipo”. Además, que el congelamiento de cualquiera de las
superficies de control de un avión no está determinada por la
temperatura en tierra.
Así,
como en una clase de meteorología de coquito, el general indicó que
“la temperatura desciende 2 grados centígrados por cada 1.000 pies
que se asciende. La aeronave estaba volando a una altitud de 21.000
pies, donde la temperatura está por debajo de los 0 grados
centígrados, por lo que se da toda la posibilidad para que se de lo
que se conoce como engelamiento de las superficies o en el motor, que
es lo que estamos investigando”.
A
Rangel, a quien se le reconocía como un intelectual del conflicto,
sus pinitos como meteorólogo se le acabaron temprano.
En
el caso del helicóptero siniestrado en Urabá, donde fallecieron 14
de sus 16 ocupantes, el Centro Democrático no dudó en señalar una
vez más que había sido derribada por las Farc. A través de las
redes sociales circuló un audio en el que un supuesto piloto de la
Policía informaba que el helicóptero había sido impactado por un
objeto. Y ahí fue Troya.
En
Facebook Twitter aparecieron cientos de comentarios histéricos en
los que se señalaba al gobierno de estar ocultando que un 'tatuco'
(un explosivo artesanal) de la guerrilla de las Farc habría sido el
responsable de la caída del helicóptero.
Basados
en la sospecha —que no duda razonable—, citaron a un debate
de control político en la comisión segunda del Senado de la
República. En ella, el abogado uribista Jaime Lombana expuso una de
esas perlas de la dialéctica jurídica colombiana, dignas de
enmarcar en todas las facultades de derecho.
Según
él, la “prueba
de la relación causal, de un resultado antijurídico como lo es la
muerte de nuestros policías en el helicóptero derribado, según la
dogmática mayoritaria, no debe ser una prueba científica sino
probabilística". Para Lombana como "el
helicóptero se cayó en una zona con presencia de insurgencia"
por lo que "Afirmar que fue un accidente, contra los testimonios
de campesinos e indígenas de la zona, resulta infundado y
probabilísticamente incorrecto". A
juicio de Lombana, y de buena parte del uribismo, basta con que en
una zona del país haya presencia de la insurgencia para presumir que
un accidente de una aeronave militar no es tal.
Es
más, los indígenas y campesinos, pobremente oídos durante el
gobierno y sistemáticamente señalados
por el ahora expresidente, resultaron voces autorizadas para el
Centro Democrático. Eso sí, los oyeron a medias, en una muestra de
cherrypicking
vergonzante. Es decir, destacaron sólo una porción del testimonio
pero lo completaron de cualquier manera. Aunque es cierto que los
testimonios
de los indígenas indican que vieron una “ráfaga fuerte de
metralleta”, los uribistas olvidan que esos mismos testimonios
hablan de enfrentamientos desde hace meses en esa zona entre la
Policía y hombres del Clan Úsuga.
En
su retahíla de señalamientos irresponsables, los integrantes del
Centro Democrático olvidaron que si bien en el Urabá antioqueño
todavía hay presencia de las Farc, los organismos de inteligencia
que tan juiciosamente les entregan información indican que mayor
parte de las acciones criminales de esta guerrilla en Antioquia se
concentran en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Muestra de ello es que
en esas subregiones de Antioquia, con una fuerte presencia de la
guerrilla, fueron aquellas donde se dio la ofensiva contra la
infraestructura y las vías previa al cese unilateral al fuego que
ordenó las Farc.
En
Urabá las extorsiones, cultivos ilícitos y el control territorial
están en manos de Darío Úsuga, alias Otoniel, por quien las
autoridades ofrecen una recompensa de 1.500 millones de pesos. Fue
justamente en un operativo que buscaba dar con Luis Orlando Padierna
Peña, alias Inglaterra, segundo al mando de esa banda criminal que
cayó el helicóptero.
Según
el informe de Medicina Legal, la causa de la muerte de los ocupantes
del helicóptero fue un politraumatismo severo por el choque contra
una superficie dura. Aunque algunos de los cadáveres tenían
ofiricios de bala, “los proyectiles encontrados en los cuerpos no
poseían estrías, es decir, no tenían el rayado producido por el
paso del proyectil por el cañón” dijo el director del Instituto
de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.
Un
día después de la publicación del informe de Medicina Legal sobre
la muerte de los policías en Urabá, el uribismo amanece callado.
Después de haber especulado durante dos semanas como si fueran
expertos meteorólogos, balísticos y conocedores de aeronáutica,
hoy callan. Parece que los muertos de la Fuerza Pública, que tanto
dicen honrar, sólo les sirven cuando con sus cadáveres pueden
torpedear el proceso de paz.
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