El uribismo bombardero

El caso de las aeronaves de la Fuerza Pública caídas en Cesar y Urabá evidencia una vez más la mala leche del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores frente al proceso de paz. Una vez más, manipularon, mintieron, señalaron y no rectificaron cuando la evidencia demostró que estaban equivocados.

En ambos accidentes, el uribismo, sin mayor evidencia que la sospecha, no tardó en señalar que los responsables serían las Farc.

Frente a la caída del avión de la Fuerza Aérea en Cesar, el senador Alfredo Rangel —quien pasó de ser un sesudo analista del conflicto a meteorólogo en un abrir y cerrar de ojos— indicó que la caída de la aeronave por motivos climáticos era improbable. Para él, quien también resultó experto en aeronáutica, que un avión se caiga por congelamiento de sus alas en medio del calor cesarense es improbable.

El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Carlos Bueno, quizá un poco más versado en materia climatológica que el senador uribista, tuvo que explicar que no había evidencia “que pueda determinar que la aeronave tuvo algún tipo de impacto, de fusil, misil o de ningún tipo”. Además, que el congelamiento de cualquiera de las superficies de control de un avión no está determinada por la temperatura en tierra.

Así, como en una clase de meteorología de coquito, el general indicó que “la temperatura desciende 2 grados centígrados por cada 1.000 pies que se asciende. La aeronave estaba volando a una altitud de 21.000 pies, donde la temperatura está por debajo de los 0 grados centígrados, por lo que se da toda la posibilidad para que se de lo que se conoce como engelamiento de las superficies o en el motor, que es lo que estamos investigando”.

A Rangel, a quien se le reconocía como un intelectual del conflicto, sus pinitos como meteorólogo se le acabaron temprano.

En el caso del helicóptero siniestrado en Urabá, donde fallecieron 14 de sus 16 ocupantes, el Centro Democrático no dudó en señalar una vez más que había sido derribada por las Farc. A través de las redes sociales circuló un audio en el que un supuesto piloto de la Policía informaba que el helicóptero había sido impactado por un objeto. Y ahí fue Troya.

En Facebook Twitter aparecieron cientos de comentarios histéricos en los que se señalaba al gobierno de estar ocultando que un 'tatuco' (un explosivo artesanal) de la guerrilla de las Farc habría sido el responsable de la caída del helicóptero.

Basados en la sospecha —que no duda razonable—, citaron a un debate de control político en la comisión segunda del Senado de la República. En ella, el abogado uribista Jaime Lombana expuso una de esas perlas de la dialéctica jurídica colombiana, dignas de enmarcar en todas las facultades de derecho.

Según él, la “prueba de la relación causal, de un resultado antijurídico como lo es la muerte de nuestros policías en el helicóptero derribado, según la dogmática mayoritaria, no debe ser una prueba científica sino probabilística". Para Lombana como "el helicóptero se cayó en una zona con presencia de insurgencia" por lo que "Afirmar que fue un accidente, contra los testimonios de campesinos e indígenas de la zona, resulta infundado y probabilísticamente incorrecto". A juicio de Lombana, y de buena parte del uribismo, basta con que en una zona del país haya presencia de la insurgencia para presumir que un accidente de una aeronave militar no es tal.

Es más, los indígenas y campesinos, pobremente oídos durante el gobierno y sistemáticamente señalados por el ahora expresidente, resultaron voces autorizadas para el Centro Democrático. Eso sí, los oyeron a medias, en una muestra de cherrypicking vergonzante. Es decir, destacaron sólo una porción del testimonio pero lo completaron de cualquier manera. Aunque es cierto que los testimonios de los indígenas indican que vieron una “ráfaga fuerte de metralleta”, los uribistas olvidan que esos mismos testimonios hablan de enfrentamientos desde hace meses en esa zona entre la Policía y hombres del Clan Úsuga.

En su retahíla de señalamientos irresponsables, los integrantes del Centro Democrático olvidaron que si bien en el Urabá antioqueño todavía hay presencia de las Farc, los organismos de inteligencia que tan juiciosamente les entregan información indican que mayor parte de las acciones criminales de esta guerrilla en Antioquia se concentran en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Muestra de ello es que en esas subregiones de Antioquia, con una fuerte presencia de la guerrilla, fueron aquellas donde se dio la ofensiva contra la infraestructura y las vías previa al cese unilateral al fuego que ordenó las Farc.

En Urabá las extorsiones, cultivos ilícitos y el control territorial están en manos de Darío Úsuga, alias Otoniel, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 1.500 millones de pesos. Fue justamente en un operativo que buscaba dar con Luis Orlando Padierna Peña, alias Inglaterra, segundo al mando de esa banda criminal que cayó el helicóptero.

Según el informe de Medicina Legal, la causa de la muerte de los ocupantes del helicóptero fue un politraumatismo severo por el choque contra una superficie dura. Aunque algunos de los cadáveres tenían ofiricios de bala, “los proyectiles encontrados en los cuerpos no poseían estrías, es decir, no tenían el rayado producido por el paso del proyectil por el cañón” dijo el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés.

Un día después de la publicación del informe de Medicina Legal sobre la muerte de los policías en Urabá, el uribismo amanece callado. Después de haber especulado durante dos semanas como si fueran expertos meteorólogos, balísticos y conocedores de aeronáutica, hoy callan. Parece que los muertos de la Fuerza Pública, que tanto dicen honrar, sólo les sirven cuando con sus cadáveres pueden torpedear el proceso de paz.